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El Ministerio de Vivienda quiere que los gobiernos regionales den su 'bendición' a las ayudas directas al alquiler de 210 euros. Y mientras el departamento de Carme Chacón no recopile los 17 'sí quiero' la medida no enfilará el camino hacia su entrada en vigor, que está prevista para el 1 de enero del año que viene.
La apuesta por el consenso la ha hecho el director general de Arquitectura y Vivienda, Rafael Pacheco. «Estuvimos reunidos con todas las comunidades autónomas y les dimos nuestra visión de cómo debían ser estas ayudas. (...) En las próximas semanas volveremos a citarnos para cerrar esa negociación y hasta que no lo consensuemos con ellas el Consejo de Ministros no aprobará el real decreto», explica el 'número dos' del Ministerio.
Pero de la teoría hay que dar el salto a la práctica y, en algunos casos, va a existir un abismo entre ambas. La Comunidad de Madrid (CAM) ya ha anunciado que la iniciativa de Chacón, dirigida a inquilinos de entre 22 y 30 años que no cobren más de 22.000 euros brutos anuales, no es la solución al problema de acceso residencial de los ciudadanos con menos recursos.
«Parece que este intento responde a las dificultades del PSOE para cuadrar su presupuesto», según señalan en la Consejería de Vivienda madrileña. El equipo que capitanea Ana Isabel Mariño considera, además, que «se debería haber buscado ese consenso antes».
Medida insuficiente
A juicio de los responsables de esta materia de la CAM, el plan de ayudas económicas de la ministra «es una medida insuficiente, que llega tarde y que deja fuera a los jóvenes de entre 30 y 35 años, que sólo en Madrid son 565.000».
En el País Vasco también le dan calabazas a la propuesta ministerial. «Este tipo de medidas son radicalmente contrarias a nuestra política de alquiler», explican fuentes de su Departamento de Vivienda. Y agregan: «La transferencia directa de dinero tendrá un efecto inflacionista perverso sobre las rentas a corto plazo».
El Ejecutivo vasco ha reclamado esa partida presupuestaria al Estado central, que según sus cálculos ascendería a unos 19 millones de euros, para aquilatar sus dos pilares de actuación en materia de arrendamiento: promover vivienda social en este régimen y movilizar casas vacías para sacarlas al mercado.
Aunque no todo son 'noes'. Andalucía ya había suscrito las ayudas al alquiler contenidas en el Plan de Vivienda vigente hasta ahora (elaborado por la ex ministra María Antonia Trujillo), que ascendían a 240 euros, y hará lo propio con las del nuevo programa diseñado por el Ejecutivo. «En las comunidades gobernadas por el PSOE va a ser más fácil tramitarlas, ya que simplemente se dará continuidad a la aplicación», apuntan desde la Consejería de Obras Públicas andaluza.
En Castilla-La Mancha también aplauden la idea de Chacón, a la que se refieren como «prestación social» y no como «ayuda». «Es una medida muy positiva para los jóvenes que quieren emanciparse», aseguran en la Consejería del ramo, que trabaja ya en «la simplificación de los trámites y modelos de petición» de estas cuantías.
A este panorama de opiniones contrapuestas hay que sumar las regiones que de momento se acogen a la 'ley del silencio' hasta que se aten los últimos flecos, como Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Los jóvenes que quieran solicitar estas ayudas deberían presentar su solicitud a la comunidad autónoma de turno, que a su vez trasladaría la resolución al Ministerio para que autorizara el pago.
19/10/2007

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