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Asegura que la medida no servirá de nada si no se resuelve la actual falta de equipamientos sociales para el cuidado de los niños. Critica que el Gobierno no haya evaluado bien su impacto económico.
El Consejo Económico y Social (CES) cuestiona la eficacia de la paga de 2.500 euros que ha prometido el Gobierno por cada niño nacido, o adoptado, porque es una medida “aislada y desvinculada” de otras políticas de apoyo a las familias, con muchos problemas en cuanto a su articulación, y “con carencias que impiden calibrar adecuadamente su coste económico”.

Así se recoge en el duro dictamen que aprobó ayer el órgano consultivo. Aunque la opinión no es vinculante para el Ejecutivo, el dictamen es un importante varapalo para el Gobierno, porque expresa la opinión de la patronal, los sindicatos, el mundo de las cooperativas –la llamada economía social– y de expertos en política económica y social designados por el propio Gabinete.

La institución, que preside Marcos Peña, dice que el también llamado cheque –bebé puede ser ineficaz para estimular la natalidad por su “carácter aislado, desvinculado de un marco global de apoyo a las familias que dé prioridad” a otras medidas. Por ejemplo, “a la superación de las carencias actuales en servicios, equipamientos e infraestructuras de apoyo al cuidado de los niños”.

En este tono, el CES dice que, “si bien se ha hecho un esfuerzo muy considerable [en los últimos años] en la escolarización de niños de tres a seis años, persiste un déficit importante en infraestructuras de apoyo a los cuidados de los menores de tres años”. Es más, el Consejo opina que “garantizar la provisión, la calidad y el acceso universal a servicios de este tipo es la medida más útil para aumentar la participación laboral de las mujeres y la conciliación con la vida familiar de los trabajadores”.

En segundo lugar, la institución recomienda al Gobierno que elabore un Libro Blanco sobre la protección de las familias en España, “realizando un diagnóstico de la situación actual y evaluando las medidas y dispositivos existentes para detectar las carencias y las vías de solución”.

El segundo capítulo de la crítica que hace la institución a la paga de maternidad se refiere a “ciertas dudas” sobre la puesta en marcha de la medida. El hecho de que, por un lado, el Gobierno ofrezca la ayuda como deducción fiscal, a quienes están trabajando, o como una prestación no contributiva de la Seguridad Social, “puede ser complejo e, incluso, crear ciertas disfunciones en su gestión”. “En aras de una mayor transparencia” el CES recomienda plantear la ayuda “con carácter general como prestación universal y no contributiva de la Seguridad Social”.

Precisamente, el dictamen también advierte confusión en la puesta en marcha del cheque–bebé en las comunidades autónomas en función de sus competencias fiscales. Por ejemplo, en el País Vasco y Navarra, que cuentan con un régimen fiscal propio, la paga de maternidad debe hacerse como una prestación no contributiva de la Seguridad Social, “hasta tanto las normas forales no establezcan una deducción fiscal” análoga a la existente en el resto de España.

En las demás comunidades autónomas la ayuda, de 2.500 euros por hijo nacido, o adoptado, se plasmará por las vías ya citadas de deducción fiscal, o como una prestación no contributiva de la Seguridad Social. El CES se muestra muy duro también con las lagunas que detecta sobre el alcance económico de la ayuda a la natalidad que, a día de hoy, el Gobierno estima que costará 1.556,75 millones de euros. El dictamen lamenta que, en la Memoria Económica el Ejecutivo “no haya delimitado el ámbito temporal del coste”. En segundo lugar, el CES advierte confusión sobre el número de madres que pueden verse beneficiadas por la subvención, como tampoco entiende los cálculos realizados sobre la fecundidad y las adopciones.

Por último, la institución advierte al Gobierno de que el requisito para acogerse a la ayuda de vivir dos años en España antes del nacimiento, o la adopción del hijo, puede excluir de la misma a muchos españoles que hayan vivido en el extranjero antes de la entrada en vigor por razones laborales.

20/09/2007

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